La fabricación de boletas electorales quedaría bajo mayor control del Estado mexicano, como parte de la reforma administrativa que el gobierno federal prepara para Talleres Gráficos de México (TGM), organismo que asumiría una mayor participación en la producción de insumos para las elecciones, luego de las denuncias por presuntas anomalías en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana publicará un decreto para modificar la integración del Consejo de Administración de TGM; la propuesta incluye representantes de otras dependencias federales, la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora y la incorporación de instituciones educativas como la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey.
Explicó que el rediseño institucional busca reducir la dependencia de proveedores externos y evitar que un grupo de compañías concentre los contratos para la elaboración de documentación e insumos electorales; para ello, planteó que las boletas, por sus características de seguridad, permanezcan bajo producción de la empresa estatal, mientras que urnas y mamparas queden abiertas a fabricantes privados mexicanos.
También indicó que existen decenas de empresas nacionales con capacidad para participar en este mercado, por lo que el esquema de adquisiciones deberá incluir licitaciones, criterios públicos y rangos de precios; estas disposiciones buscarían limitar la intermediación y las diferencias de costos entre el INE y los organismos públicos locales electorales.
El anuncio ocurrió después de los señalamientos de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales, caso que generó cuestionamientos hacia funcionarios del INE y antecedió la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo; el nuevo modelo también contempla mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas sobre la producción y compra de estos insumos.