La intervención de las instituciones educativas, sanitarias y de protección quedó en el centro de tres iniciativas que el diputado local del PRI, Marco Antonio Mendoza, presentó ante el pleno del Congreso de Hidalgo, con el propósito de establecer mecanismos para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Una de las propuestas establece que directivos, docentes, personal administrativo y trabajadores de apoyo de los planteles educativos deberán informar a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría de Protección, cuando conozcan situaciones que impliquen posibles violaciones a los derechos de menores de edad, conforme a los protocolos correspondientes.
En materia de salud, el legislador propuso incorporar la participación de las autoridades sanitarias estatales en los procedimientos de protección y restitución integral, cuando existan afectaciones físicas o mentales relacionadas con alguna vulneración de derechos; la iniciativa contempla la intervención de estas dependencias dentro de sus respectivas atribuciones.
La tercera reforma plantea que la Procuraduría de Protección actúe de manera inmediata ante la detección de estos casos, con la aplicación de medidas urgentes cuando las circunstancias lo requieran.
Durante su exposición, Mendoza sostuvo que la restitución no debe quedarse en el reconocimiento de una afectación, sino traducirse en acciones concretas para recuperar el ejercicio de los derechos.
El diputado explicó que las tres propuestas mantienen una relación entre sí, pues buscan establecer una ruta de intervención institucional, con participación de las autoridades responsables, coordinación entre dependencias y seguimiento de las medidas de protección.
También señaló que la atención de estos casos requiere respuestas oportunas para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.