El Instituto Nacional Electoral (INE) recurrió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar una investigación sobre posibles delitos relacionados con el ejercicio de recursos públicos, luego de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras de materiales electorales.
La denuncia, presentada el viernes 6 de noviembre y difundida mediante un comunicado, pidió a la autoridad ministerial investigar las conductas señaladas y determinar si existen responsabilidades penales; el organismo no precisó en el documento el número de personas o empresas involucradas.
Lo anterior, tras la difusión de información sobre contratos millonarios para la adquisición de papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua; las publicaciones también expusieron presuntos vínculos entre antiguos colaboradores del instituto y proveedores, así como encuentros privados de los que formó parte la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei, situación que generó señalamientos por un posible conflicto de intereses.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 15 empresas y 25 personas relacionadas con el caso, entre ellas Taddei.
La exconsejera anunció su renuncia el 25 de octubre y comunicó su decisión a la Cámara de Diputados un día después; posteriormente, al menos 30 colaboradores y directivos presentaron su salida del organismo.
La crisis institucional coincidió con la preparación de las elecciones intermedias de junio de 2027, en las que estarán en disputa 20 mil 109 cargos públicos, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y 18 mil 494 puestos municipales. La presidencia provisional del INE quedó a cargo de Blanca Cruz García, junto con los otros 10 integrantes del Consejo General.